Pablo Ruiz-Tagle Vial

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el oficio de la señora Presidenta de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para designar como Contralor General de la República al señor Pablo José Ruiz-Tagle Vial.

BOLETÍN N° S 914-05.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar el Oficio Nº 1.268, de la señora Presidenta de la República, de fecha 17 de octubre de 2006, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Contralor General de la República al señor Pablo José Ruiz-Tagle Vial, en la vacante provocada por la renuncia del Contralor señor Gustavo Sciolla Avendaño, aceptada mediante el decreto supremo Nº 873, del Ministerio de Hacienda, de 25 de julio de 2006.

La señora Presidenta de la República hizo presente la urgencia del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República para este asunto.

A la sesión en que se analizó la proposición de nombramiento asistió, especialmente invitado, el candidato antes señalado.

Asimismo, concurrieron la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso Valenzuela, el Honorable Senador señor Carlos Bianchi Chelech y el Honorable Diputado señor Eduardo Saffirio Suárez.

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El artículo 98 la Constitución Política de la República regula los requisitos y el procedimiento para el nombramiento del Contralor General de la República. Debe ser un abogado con al menos 10 años de titulación, que haya cumplido 40 años de edad y posea las calidades para ser ciudadano con derecho a sufragio. Su designación corresponde al Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Dura 8 años en el cargo, no puede ser designado para el período siguiente y cesa en el mismo al cumplir 75 años de edad .

De acuerdo a ese precepto, la señora Presidenta de la República escogió como candidato al abogado señor Pablo José Ruiz-Tagle Vial, indicando que él cumple los requisitos constitucionales.

El abogado Ruiz-Tagle es chileno, tiene 48 años de edad, realizó sus estudios primarios en el Colegio Saint George y los secundarios en el Colegio Tabancura. Obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, titulándose como abogado en el año 1984. En 1988 obtuvo el grado de master en Derecho, en la Universidad de Yale y, en el año 1995, se le otorgó el grado de doctor en Derecho, por esa misma casa de estudios norteamericana. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A la fecha ha publicado diversos trabajos en las áreas de teoría del Derecho, Derecho Público y Derecho Civil y ha dictado cursos de Derecho Comparado a nivel de postgrado en Chile y en el extranjero.

En el ámbito profesional, desde 1994 es miembro del Estudio Jurídico Larraín y Asociados.

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En primer término, la Comisión recibió al señor Pablo José Ruiz-Tagle Vial, quien agradeció la invitación que para este efecto se le formulara. El texto completo de su exposición se agrega al final de este informe, como Anexo.

La Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso Valenzuela, señaló que el Ejecutivo tuvo en vista tres elementos para postular a don Pablo Ruiz-Tagle Vial al cargo de Contralor General de la República.

En primer lugar, la modernización del Estado es considerada como una necesidad crucial para el país. En ese proceso el rol de la Contraloría General de la República es central. Sin embargo, ella no ocupa un lugar adecuado en ese proceso de modernización, lo que amerita una corrección urgente y profunda. Esta es una primera razón que ha movido a la Presidenta de la República a inclinarse por un candidato externo, que tenga la capacidad de liderazgo para revertir esa situación.

En segundo lugar, se ha tenido a la vista el impresionante currículum del abogado Ruiz-Tagle, que incluye un doctorado en la prestigiosa Universidad de Yale, distinción que poseen menos de cinco profesionales del Derecho en nuestro país, lo que, sumado a su trayectoria docente y profesional privada, lo perfila como un candidato de jerarquía excepcional. Sobre el punto, la Secretaria de Estado destacó que en Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, persiste aún cierto grado de permeabilidad para que los mejores talentos de la sociedad se interesen en la función pública, lo que permite al Estado contar con figuras de renombre en el campo profesional.

El tercer factor que se tuvo a la vista es la probada independencia del señor Ruiz-Tagle, que asegura a toda la ciudadanía un recto cumplimiento de las misiones encomendadas por la Constitución Política de la República a la Contraloría. Observó que, a contrario de lo que la prensa ha sostenido de forma infundada, el abogado propuesto por la Jefa del Estado no tiene ninguna vinculación o dependencia respecto del Gobierno y no existe elemento alguno que indique lo contrario.

A continuación se reseñan las consultas y planteamientos formulados por los integrantes de la Comisión y las respuestas del abogado señor Ruiz-Tagle.

La Honorable Senadora señora Alvear expuso que el primer asunto que hay que destacar en este caso es el excelente currículum del abogado señor Ruiz-Tagle. Trayectorias de esa importancia son totalmente excepcionales en el medio jurídico nacional. Al respecto, señaló que es absolutamente esencial que el sistema político ofrezca condiciones para que personas con esas capacidades se interesen por la función pública e ingresen a ocupar los cargos más altos en la administración. En el caso chileno se da esta característica excepcional, que hay que mantener, porque permite reclutar para la alta dirección pública a los individuos más capacitados del mundo privado.

El segundo asunto atingente a la nominación que señaló Su Señoría fue la acerba crítica que ha recibido el candidato, que va más allá de lo que corresponde y puede sentar un mal precedente que, en el futuro, en la discusión de nominaciones para otros cargos, inhiba la participación de candidatos destacados del quehacer privado.

El Honorable Senador señor Muñoz, don Pedro, indicó que es difícil hacer una reflexión tranquila sobre este tema en medio del ambiente adverso que se ha producido en la prensa nacional contra el abogado señor Ruiz-Tagle, pese a su irrefutable currículum y a sus capacidades profesional y académica suficientemente demostradas. Al respecto, Su Señoría consideró que no corresponde que miembros del Senado de la República entren en un clima de descalificaciones y antejuicios, toda vez que ellos están llamados a dirimir en conciencia, en la Sala del Senado, la suficiencia y pertinencia de la postulación.

Respecto del candidato, señaló que la Comisión tenía al frente al mejor candidato posible, capaz de reformular y reforzar el trabajo de una institución tan importante como la Contraloría General de la República. Lo que se podría esperar es que sus detractores le ofrezcan públicas disculpas y, si es el caso, se inhiban de votar el nombramiento.

El Honorable Senador señor Espina señaló que debe tenerse presente que la opinión pública y los parlamentarios tienen perfecto derecho a expresar su opinión y a criticar al candidato sometido a consideración de la Cámara Alta, pues el derecho a opinar y criticar las decisiones sobre asuntos públicos es consustancial a la democracia y no procede limitarlo. Agregó que no tiene ninguna duda sobre el intachable currículum profesional y académico del abogado señor Ruiz-Tagle y que su valentía al presentarse al escrutinio público le parece digna de alabanza.

El legislador se mostró en desacuerdo con el cariz que ha tomado la discusión entre el Gobierno y el Parlamento, y señaló que, en otras ocasiones, cuando se han discutido asuntos relativos al nombramiento de nuevos Ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, las conversaciones entre el Ejecutivo y el Senado han fluido con mayor facilidad que en el presente caso.

Su Señoría agregó que el Derecho Administrativo es una rama compleja y especializada del Derecho, con una evolución propia que hace que los abogados que no están interiorizados en él no puedan, de forma responsable, ocuparse de asuntos regulados por esa rama del ordenamiento jurídico. La especialización es una tendencia y un imperativo actual del Derecho, como lo muestra la muy vigente discusión respecto de la especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago, y la norma que establece la especialización de las Salas de la Corte Suprema. En virtud de ello, consultó al abogado señor Ruiz-Tagle respecto de su bagaje profesional en materias reguladas por el Derecho Administrativo.

La segunda pregunta hecha por el Honorable Senador señor Espina es cuál es la experiencia que el postulante tiene en materias de gestión y modernización. Añadió que para semejantes tareas no basta con la mera voluntad, sino que hay que saber qué hacer y cómo.

El Honorable Senador señor Larraín señaló que, en esta oportunidad, no procede discutir sobre el proceso previo de designación del candidato por parte el Ejecutivo que, a su juicio, ha sido insatisfactorio y que el propósito de la sesión es conocer al candidato y su pensamiento.

Señaló que la trayectoria y currículum de la persona propuesta están fuera de duda y que la única situación que suscita alguna incertidumbre, que debería ser aclarada por el abogado señor Ruiz-Tagle, son sus expresiones respecto de su malestar frente a las críticas y observaciones que ha recibido en el debate público. Explicó que quienes actúan en la esfera pública están siempre expuestos a la detracción y deben saber reaccionar apropiadamente ante ella.

El Honorable Senador señor Gómez señaló que conoce al candidato desde que ambos cursaban sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y que le consta que es una persona seria, responsable, trabajadora e independiente, cualidades que se ven confirmadas por su currículum.

Agregó que emprender la modernización de la Contraloría General de la República es un imperativo político. El órgano fiscalizador debe transitar desde un modelo investigativo y persecutorio de la Administración a uno de colaboración con la gestión pública, porque lo que importa, en definitiva, no es lograr que un número de funcionarios termine en la cárcel, sino evitar que la Administración cometa errores.

Su Señoría expuso que el candidato propuesto posee la ventaja de provenir de fuera de la institución, lo que asegura una visión de conjunto y no comprometida respecto de las tareas que hay que acometer. Al respecto, señaló que es bueno que en ciertos cargos de importancia en la Administración del Estado se integren personas externas, con altos niveles de calificación profesional, porque ello proporciona al Estado un aire renovado.

El abogado señor Pablo Ruiz-Tagle agradeció a los Honorables Senadores señores todas las preguntas y señaló que trataría de contestarlas en el mejor espíritu.

En la primera cuestión, planteada por el Honorable Senador señor Espina, respecto al Derecho Administrativo, sostuvo que tiene una visión integrada del Derecho Público, que es particularmente necesaria en Chile, pues han existido extensos períodos en que los principios constitucionales no han operado en el ámbito del Derecho Administrativo. La consecuencia ha sido la instalación de una lógica favorable a la administración, que no respeta los derechos de las personas, no es transparente y no se atiene al principio de probidad. Por ello, el desafío que se presenta es reconstruir y repensar el Derecho Administrativo desde los principios constitucionales, en definitiva, es necesario iluminar el Derecho Administrativo a partir de una concepción madura del constitucionalismo. Un proceso similar se ha hecho en el Derecho Procesal Penal y en las reformas en materias de familia.

Agregó que su área de trabajo específica es el Derecho Constitucional, y agregó que el argumento que sostiene que el Derecho Administrativo constituye una zona propia, aparte, sirve para encubrir a ciertos profesionales que buscan no enfrentarse al ojo escrutador de la ciudadanía, para no dar cuenta de la forma en que toman sus decisiones.

Agregó que ha tenido ocasión de trabajar profesionalmente en esta área del Derecho, en la emisión de informes en materia minera y de aguas, donde ha constatado la preeminencia que el Derecho Administrativo tiene en Chile dentro del Derecho Público. Revertir esta situación, y colocar primero los principios constitucionales, es un importante desafío profesional

Respecto de la Ciencia de la Administración, el abogado señaló que el control y la auditoria deben pensarse vinculados a un análisis de costo-beneficio. Sobre este punto, hizo presente que en su tesis doctoral se destaca la necesidad de pensar también en las consecuencias económicas del Derecho, pues ese análisis permite ver como una regla o una decisión que parece razonable, al ser aplicada se transforma en algo ilógico y muy distinto del objetivo perseguido. En este sentido, el análisis costo-beneficio y los principios económicos deben ser integrados en el control de la constitucionalidad y la legalidad.

Sobre el asunto de la experiencia práctica en gestión administrativa, el abogado señor Ruiz-Tagle señaló que le ha tocado abocarse a estos asuntos en la gestión interna de su estudio jurídico y como funcionario público en la Universidad de Chile, a cargo de la reorganización y funcionamiento de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios.

Además, destacó que le tocó trabajar como negociador de distintos capítulos en los tratados de libre comercio con Canadá, con los Estados Unidos de América y con México. En ese cometido laboró en un equipo conformado por alrededor de cuarenta profesionales de la Administración Pública chilena, en salas cuadrangulares en las cuales había que explicar y ayudar a explicar a los funcionarios chilenos cuáles son las prácticas administrativas y de trabajo de nuestro país, ante delegaciones de funcionarios pares de los otros Estados contratantes de esos instrumentos internacionales. Esto generó la más profunda reforma del Estado que han hecho los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, en zonas como Aduanas, Inmigración, Comisión Antimonopolio, Comité de Inversiones Extranjeras y otras, que tuvieron que dar cuenta de su actuación y reformular su trabajo frente a sus pares extranjeros, no frente a un público desinformado. Esa experiencia fue muy enriquecedora para todos los que participaron en ella, afirmó.

En relación con lo expresado por el Honorable Senador señor Larraín, el abogado señor Ruiz-Tagle señaló que es verdad que en democracia uno está expuesto a la crítica y debe soportarla en forma tranquila. Agregó que ha sido tal vez enfático en sus planteamientos porque, para un abogado, es muy importante el tema de la independencia, y en los medios de comunicación se ha especulado infundadamente sobre su supuesta falta de autonomía, cuestionamiento que le afecta en lo personal y en lo profesional. Sobre este tópico, recordó que ha criticado abiertamente, por la prensa, la política de educación superior emprendida por el actual Gobierno.

Añadió que el artículo 102 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República dice que el Contralor podrá denunciar a la justicia ordinaria cualquier irregularidad que haga presumir la existencia de un hecho delictuoso, y cabe preguntarse desde cuando la Contraloría estaba en conocimiento de la situación de Chile Deportes. Declaró que, si es nominado, cada vez que conozca un acto delictivo, criminal o corrupto lo denunciará de forma inmediata a los tribunales de justicia ordinaria y no aceptará intromisiones al respecto.

Agregó que ha habido buenas experiencias anteriores con Contralores que no provenían de la estructura interna, como es el caso del ex Contralor don Humberto Mewes, quien era amigo del Presidente González Videla, que lo nominó, y que no trepidó en devolver al Ejecutivo decretos que estimó ilegales.

Respecto del rol de auditoría que ejerce la Contraloría, sostuvo que, es un punto que aún no se zanja. Algunas ideas que se han sugerido, en orden a eliminar el trámite de toma de razón, para nada adecuadas, afirmó. Indicó que hay una evolución conceptual en el tema: las empresas modernas, a partir del caso Enron, han adoptado un nuevo concepto de auditoria, que ya no es el control de cumplimiento o la cuadratura de cuentas, sino el diseño de estrategias que permitan identificar zonas de riesgo en la administración, que corresponden a las instancias donde se toman las decisiones que afectan significativamente el patrimonio fiscal, como las Direcciones de Obras, tanto fiscales como municipales, y la elaboración de bases de licitación en el Ministerio de Obras Públicas, entre otras. Con la experiencia acumulada a raíz de hechos irregulares previos es perfectamente factible diseñar mapas de las zonas donde puede haber peligro y en las que deben tomarse resguardos especiales. Por su parte, la Contraloría también tiene que someterse a este criterio de evaluación de zonas internas de riesgo.

Dentro del marco de las modificaciones esperables en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, el abogado señor Ruiz-Tagle señaló que se requiere una reforma que establezca una estructura racional de la planta y sistemas de remuneraciones, promoción y ascenso que dignifiquen a los funcionarios y fortalezcan el sentido de servicio público en esta institución, clave de nuestro país. Además, debe volverse al régimen de autonomía financiera negociado y acordado entre el ex Contralor señor Enrique Silva Cimma y el Presidente don Jorge Alessandri, que fue eliminado en 1977.

Concluyó diciendo que ha aceptado el ofrecimiento que le ha hecho la señora Presidenta de la República porque no es indiferente a lo que sucede en el país y porque le apasiona el proyecto de trabajar en el servicio público y de participar en el necesario proceso modernizador del Estado.

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La Comisión revisó los antecedentes relativos a este asunto, y constató que el procedimiento seguido en este caso se ha ajustado a las prescripciones constitucionales sobre designación del Contralor General de la República y que se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 98 de la Carta Fundamental.

- En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros, los Honorables Senadores señor José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto, tiene el honor de informar que en la proposición para nombrar a don Pablo José Ruiz-Tagle Vial como Contralor General de la República se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente.

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Acordado en sesión celebrada el día 31 de octubre del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señor José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto.

Sala de la Comisión, a 4 de noviembre de 2006.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario