TEXTO DE PONENCIA DE HUGO SELEME EN CONGRESO DE DERECHO CONSTITUCIONAL: “EL DESAFÍO DEL CATOLICO LIBERAL” PARA SUS COMENTARIOS
EL DESAFÍO DEL CATÓLICO LIBERAL
Hugo Omar Seleme
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En lo que sigue pretendo, en primer lugar, llamar la atención sobre una amenaza que enfrentan los sistemas liberales en Latinoamérica y, en segundo lugar, mostrar un modo de evitarla. El problema se encuentra vinculado con las exigencias que el Liberalismo impone sobre aquellos que creen en una religión. Me refiero específicamente a la exigencia de no apoyar decisiones estatales que se encuentren justificadas en algún tipo de verdad sobre las que otros ciudadanos, racionales y razonables, puedan discrepar.
La idea es que no todo lo que es verdad es apto para justificar decisiones estatales. No todas las razones a favor de una decisión estatal pueden ser ofrecidas como justificación. Sólo pueden cumplir esta función aquellas razones que pueden ser reconocidas por otros ciudadanos. Si las razones que un ciudadano posee pueden no ser reconocidas por otro ciudadano, sin que ello evidencie una falla en sus facultades mentales o un deseo de favorecerse a sí mismo, tales razones no son aptas para justificar decisiones estatales.
La exigencia de no ofrecer una consideración que efectivamente es verdadera como justificación de una decisión estatal aparece a primera vista como contraituitiva. ¿Qué otra cosa distinta a la verdad puede justificar una decisión de éste tipo? Dicho de otro modo, si algo es verdad ¿Qué razones pueden existir para no ofrecer dicha consideración como justificación de las decisiones estatales?
Esta exigencia de no justificar las decisiones públicas en base a ciertas verdades aparece como plausible si uno tiene en vista la actividad de un órgano jurisdiccional. La función de este órgano consiste en aplicar el derecho de modo que aunque el juez tenga verdaderas razones para fallar contrario a lo prescripto en la norma jurídica, no puede fundar sus decisiones en ellas.
Cuando se trata de la actividad legislativa, sin embargo, la situación comienza a tornarse menos plausible. ¿Por qué razón un legislador en el debate parlamentario no debería ofrecer como única justificación ciertas consideraciones a pesar de ser efectivamente verdaderas? ¿Tiene algún sentido el deber moral que prescribe no esgrimir ciertas consideraciones verdaderas como única justificación de las decisiones parlamentarias?
Finalmente cuando uno visualiza la actividad de los ciudadanos en su función de electores, el grado de implausibilidad se torna mayúsculo. La exigencia prescripta por el Liberalismo mandaría aquí a no votar en base a ciertas consideraciones con independencia de que estas sean verdaderas. A pesar de que algo fuese verdad, el ciudadano en ciertas circunstancias, tendría el deber moral de no fundar su voto o su opinión política en estas consideraciones. ¿En qué puede encontrar sustento el deber moral de no fundar el voto en ciertas verdades? ¿No es valiosa la posibilidad de votar porque permite que todas las opiniones de los ciudadanos sean escuchadas? Si esto es así ¿qué sentido tiene un deber moral que prescribe autocensurar algunas de ellas?
Dada la aparente implausibilidad de la exigencia liberal de no ofrecer ciertas verdades como justificación de las decisiones políticas, comenzaré por exponer las razones que considero la justifican.
